¿Confrontación o concertación?

La historia nos demuestra que un gobierno, para mantenerse en el ejercicio de sus funciones, debe contar con legitimidad constitucional, el respaldo de la ciudadanía y de sus organizaciones políticas; así como también, con los denominados poderes fácticos. ¿Cuáles son los poderes fácticos? Las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, las iglesias y el poder económico. La fortaleza de los tres últimos se sustenta en su capacidad de disposición de recursos, su nivel de organización y despliegue en todo el ámbito nacional.

El acontecer político en el país demuestra que los gobiernos se sustentan, más allá de la formalidad democrática y el equilibrio de poderes, en la voluntad ciudadana de respetar el balance establecido en el acta constitutiva. De lo contrario se produce un quiebre que constituye, en sí mismo, una nueva reconfiguración de las fuerzas políticas.

En el escenario actual, el distanciamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo se produce en la esfera política, y la crisis que genera está ocasionando la parálisis económica del país por ausencia de toma de decisiones. La inestabilidad política hace que el aparato del Estado se ralentice y que las autoridades se inhiban de tomar decisiones por el temor de ser acusados, por acción u omisión, por quienes eventualmente asuman la responsabilidad de gobierno en un nuevo período gubernamental. En uno u otro caso, quien pierde es el ciudadano de a pie, quien resulta ajeno al “quehacer político” y que no se explica por qué existe una confrontación entre dos grupos políticos que, en teoría, comparten un mismo o similar ideario para la acción gubernamental.

El caso peruano no es único, eventos similares han sucedido en otros países latinoamericanos. El riesgo es que la demanda de sometimiento de un poder del Estado a otro puede convertirse en un ensayo con plazo indeterminado. En el pasado reciente tenemos la experiencia de Alberto Fujimori, quien fuera electo democráticamente en 1990 y que cerró el Congreso en 1992, convocó a un Congreso Constituyente en 1993 y se presentó para un nuevo período en 1995 y en el 2000. Posteriormente, el ensayo de los Humala-Heredia, quienes también pretendieron que su mandato se extienda a través de la elección de la ex primera dama, Nadine Heredia.

Ahora se dice que no será así, que la cuestión de confianza no se aplicará siempre que se respete la esencia de las propuestas del Poder Ejecutivo. Cabe preguntarse, ¿quién determinará cuál es la esencia de las propuestas? Si el Poder Ejecutivo acude a la representación parlamentaria para plantear reformas de carácter político, estas tienen que cumplir con el procedimiento constitucional previamente establecido, no hay otro camino. Cualquier interrupción del sistema acrecentará la desconfianza en los agentes económicos, esa es la razón fundamental por la que la inversión privada se retrae y no se genera empleo.

Si a lo anterior le sumamos el debate acerca del enfoque de género, encontramos que el Ejecutivo mantiene otro frente que es resistido por las iglesias. Adicionalmente a ello están la inseguridad ciudadana por la criminalidad delictiva, el cuestionamiento por la postergada reconstrucción del norte, la creciente desaprobación a la acción del Gobierno, el decrecimiento de la economía. Ciertamente, ¿podemos calificar de responsable a quien agita banderas y busca una confrontación política, cuando lo que el país requiere es una concertación y mirar hacia adelante?