Castillo y el cuerpo de Benito

Seguro muchos lo recordarán. Porque aun cuando el episodio original data de 1975, las repeticiones en la televisión abierta han sido felizmente muchas. Me refiero a aquel capítulo de la serie El chavo del ocho en el que el señor Barriga decide cobrarle la renta a Don Ramón, al haber encontrado entre las pertenencias de este una bola de boliche. Prueba irrefutable de que Don Ramón no pagaba la renta pese a tener el dinero para hacerlo. La bola de boliche era el cuerpo del delito, bautizada por los niños de la vecindad como el cuerpo de Benito.

Hace buen tiempo ya que la parte sana de la sociedad está esperando el video o el audio que comprometan en delitos al señor Castillo. La nocturnidad e informalidad de su conducta han creado lógicas expectativas respecto a la aparición de una eventual prueba que certifique la conducta delincuencial del aludido señor. Estas expectativas han crecido al calor de las declaraciones de un empresario que –por sus antecedentes de hombre de seguridad y de sistemas– debería contar con este tipo de material. Que sería más que verosímil por su situación legal y porque mostrarlo salvaguardaría su propia vida.

Sin embargo, por buscar allí en el mundo de lo probable el definitivo cuerpo del delito, nos hemos olvidado de que ya hay una prueba. No solo legal, sino clamoroso testimonio de inmoralidad. Me refiero al documento llamado tesis del señor Castillo. Donde no solo está la pistola humeante sino el cadáver mismo. Huella más que suficiente de culpabilidad terminal. 

A estas alturas y respecto al documento llamado tesis no caben dudas. Se trata de una falsificación y consecuentemente un delito contra la fe pública ya objetivamente puesto en evidencia. El cuerpo de Benito reclamado por la vecindad ciudadana. Cuerpo de delito que, sin embargo, ni la Fiscalía, ni la universidad emisora del Grado, ni la propia Sunedu han abordado con prontitud, legalidad y decencia.

Tal vez sea una muestra del poco valor que le conferimos a la Universidad. A los estudios que se imparten, a los Títulos y Grados que se expiden. Prueba de ello es que ni los llamados a evaluar oficialmente el delito flagrante lo dimensionan. El señor Castillo y su señora esposa –con la complicidad de la universidad y la tibieza también cómplice de la justicia– han horadado el principio de propiedad, base del contrato social. Si esto tiene como actor principal a quien ejerce la Presidencia se está proyectando hacia la comunidad que el contrato social está supeditado a intereses subalternos.

Seguramente aparecerán más pruebas, más cuerpos de los delitos. Pero ya hay un cuerpo de Benito sumamente grave: el documento llamado tesis. Ponerse de lado frente a este delito resulta crimen de lesa humanidad y de lesa convivencia civilizada. Si el principio de propiedad está sujeto al fraude no censurado, estamos viciando el todo de la convivencia civilizada.