Caso Telefónica del Perú: un pésimo ejemplo de gestión

Las buenas noticias que daba Telefónica del Perú SA (TdP) en 1994, de haber tomado el control de las fenecidas empresas estatales Compañía Peruana de Teléfonos SA y Entel Perú SA, previo pago de 2,002 millones de dólares (MMUS$), y el refrendo cuatro años después por una exitosa colocación de ADR en la Bolsa de Valores de Nueva York, por 1,239 MMUS$, a razón de 2.00 US$/acción, son un lejano recuerdo

Hoy, la acción en la Bolsa de Valores de Lima se valoriza a 0.12 US$, una pérdida de valor del 94% en una evaluación a valores corrientes. A lo que se agrega lo registrado en libros al cierre del 2024, un patrimonio de tan solo 129 MMUS$ y deudas por 2,410 MMUS$. 

Esta calamitosa situación tiene un solo nombre: pésima gestión de una empresa privada, cuyos principales gestores vinieron desde España, y que peyorativamente nos calificaron a los peruanos de “provincianos” cuando se colocaron los ADR, y se hicieron unas observaciones sobre la relación de oferta y demanda de los papeles. 

Nos corresponde a todos exigir a las autoridades ser prolijos en la supervisión de las decisiones que se tomen luego de la venta de la empresa a tan solo 1.0 MMUS$ a una desconocida persona jurídica argentina, sin experiencia en la operación en los servicios que brinda TdP a 11.8 millones de abonados de los servicios de telefonía móvil, banda ancha y la obsoleta telefonía fija. 

Hay que tomarr en cuenta que la empresa tiene provisionado en sus estados financieros 668 MMUS$ para cubrir las contingencias que mantienen con la administración tributaria peruana (Sunat). Esta suma no debe quedar impaga de ninguna manera.

Es evidente que la venta de TdP a una empresa sin experiencia en el rubro, y en un proceso de reestructuración presentado ante el organismo de libre competencia (Indecopi) tiene todas las señales de ser una estrategia de liquidación. La matriz española ya se puso a buen recaudo y con sus cuentas limpias de la onerosa carga que le representaba su sucursal peruana. 

La atención tiene que estar puesta en el proceso concursal, que tiene sus tiempos. Para empezar, la admisión de la insolvencia tiene un largo periplo que se inicia con el reconocimiento de los acreedores y luego pasa por la discusión del plan de reestructuración o de liquidación, lo que tomará como mínimo un año. De allí hacia adelante para la realización de activos será una tarea nada fácil. 

Aquí el que pestañea pierde, y no solo estamos hablando de la Sunat, sino de los bonistas tanto en los Estados Unidos (EE.UU.) y los locales. En el caso americano ya hay solicitud para acogerse a la ley de quiebras para empresas no domiciliadas, conocida como capítulo 15. En los locales no solo hay tenedores de bonos sino de acciones, que representan el 0.7% del accionariado, pero la nada despreciable cifra de 79,800 personas. 

Una reciente declaración del capitoste de la teleco chilena Entel, donde se ve el caso TdP más estructural del sector telecomunicaciones, preocupa. La señal al mercado internacional es que estamos ante un sistema estatal que comete excesos, y esto espantará las inversiones. 

Corresponde a todos los titulares del ámbito estatal esclarecer las medidas que toma u omite; estamos hablando del Premierato, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Osiptel, Superintendencia del Mercado de Valores e Indecopi. No es el momento de los silencios, sino de las explicaciones y firmezas para exigir el cumplimiento de las leyes del Estado.