Caos vehicular sobre dos ruedas en Lima

La crisis de inseguridad que enfrentamos, más allá del número de homicidios o extorsiones, se evidencia en la descomposición del espacio urbano. La violencia directa, con asesinatos a la luz del día y redes de extorsión que llegan incluso a las escuelas, se suma a otra violencia cotidiana y constante al circular por la ciudad. El tránsito descontrolado de motos y scooters es una amenaza vinculada al delito, con una conducta temeraria que transgrede las normas de convivencia.

La respuesta del Estado, reactiva e insuficiente, es prohibir que dos personas viajen en una moto durante el estado de emergencia, medida aplicada y fracasada en otros países. Ello revela más un gesto desesperado que una política con sentido. El Gobierno sigue sin atacar las causas reales del desorden. Mientras tanto, los motociclistas continúan zigzagueando entre carriles, cruzando semáforos en rojo, circulando contra el tráfico o a gran velocidad mientras consultan sus teléfonos móviles. 

Más que una prohibición puntual, se necesitan regulaciones técnicas integrales del tránsito ligero. Las políticas públicas tratan a motos y scooters como automóviles, cuando tienen otra lógica de movilidad, otra interacción con la ciudad y otra capacidad para generar o evitar el caos. Ciudades como Buenos Aires, Bogotá, Santiago o México han desarrollado marcos normativos diferenciados para estos vehículos, pero Lima sigue atrapada en el desgobierno.

Un primer paso sería normar la circulación obligatoria de motos por el carril derecho, salvo excepciones explícitas. Ello ordenaría el tránsito, ofreciendo cierta protección a los choferes de automóviles que, como se ha visto en numerosos atentados, son atacados por sicarios en motos desde el lado izquierdo. Debe prohibirse el tránsito entre carriles o vehículos detenidos, práctica que además de peligrosa, impide el tráfico fluido en una ciudad que ocupa el quinto lugar en congestión vehicular mundial.

Similares regulaciones deben dirigirse a las motos de reparto que proliferan sin control. Es importante crear una categorización especial estableciendo zonas de exclusión, franjas horarias y normar el uso obligatorio de GPS visible para fiscalización, para identificarlos en caso de siniestros o actos delictivos. Las apps de reparto deben asumir su cuota de responsabilidad, compartiendo información con la Policía Nacional.

Los scooters eléctricos se movilizan por toda la ciudad, sin luces reglamentarias, chalecos reflectantes en horario nocturno, sin imponer límites de velocidad y zonas de circulación permitida, excluyendo vías rápidas o intersecciones peligrosas.

Estas medidas deben ir acompañadas con políticas de fiscalización real, cámaras inteligentes, sanciones efectivas y brigadas de policías y serenos. Sin control, toda norma es un saludo a la bandera.

Según las encuestas 56% de los peruanos responsabilizan a la presidenta Boluarte por la inseguridad, mientras la desconfianza en las instituciones encargadas de combatirla, Congreso, Policía, Fiscalía, Ministerio del Interior, supera el 70%. No confían en las instituciones porque el crimen avanza y nadie es capaz de frenarlo. Regular el tránsito de motos y scooters no requiere de reformas estructurales ni extensos debates: requiere decisión política, liderazgo técnico y sentido común.

La restricción de acompañantes en motocicleta no resuelve el problema frente a un Estado desacreditado, instituciones corruptas, ineficientes y una criminalidad que muta más rápido que las leyes. Lima sufre por la violencia y por un modelo urbano disfuncional que se agrava. No se trata de estigmatizar a los motociclistas, precisamente por ellos urge establecer un marco regulatorio para detectar a quienes delinquen. Lima necesita recuperar el orden y seguridad en sus calles, incluyendo el tránsito ligero.