Asilos peligrosos: Brasil, Heredia y el precedente que se abre

La justicia peruana se quedó en tierra mientras el avión de la impunidad despegaba. Nadine Heredia, condenada en primera instancia a 15 años de prisión por lavado de activos –con un fallo aún no firme–, abandonó el país bajo el amparo del asilo diplomático concedido por Brasil. El gobierno de Dina Boluarte facilitó el salvoconducto, abriendo así una grieta peligrosa en el sistema interamericano de justicia. Se trata de la legitimidad de nuestras instituciones frente al poder político que usa la diplomacia. ¿Desde cuándo proteger a alguien que tiene una sentencia judicial puede presentarse como un gesto humanitario?

Tenemos una problemática mayor: la desviación del propósito original del derecho de asilo en América Latina. La Convención de Caracas de 1954, creada para amparar a los perseguidos políticos, hoy parece proteger a sentenciados de corrupción como Heredia. Si bien Brasil tiene la facultad de calificar el carácter político de la persecución, el rápido otorgamiento del asilo —a una persona condenada por delitos comunes— desnaturaliza el espíritu de la Convención de Caracas y fortalece la percepción de encubrimiento político. El Perú ha concedido el salvoconducto sin activar instancias jurídicas alternativas, como lo permiten los propios tratados internacionales, lo que evidencia una renuncia estratégica a defender su jurisdicción penal.

El gobierno peruano ha optado por justificar el salvoconducto siguiendo la Convención de Caracas. El canciller Elmer Schialer ha sugerido la posibilidad de solicitar la extradición de Nadine Heredia en caso de confirmarse su sentencia, pero este escenario parece poco probable dado que el asilo ya fue aceptado. Lejos de generar calma, afecta la percepción de la política exterior. La propuesta de extradición parece más un esfuerzo por evitar las críticas.

Francisco Tudela argumenta que se debió rechazar el salvoconducto, llevando el asunto a la Corte Internacional de Justicia. No obstante, prevaleció la prerrogativa diplomática. Esta postura anticipa un precedente alarmante: Vizcarra, Villarán y otros que sean condenados podrían buscar la misma ruta. De este modo, el asilo diplomático dejaría de ser un refugio ante la persecución política y se convertiría en una vía para evadir la justicia.

Algunos periodistas importantes sostienen que el tipo penal aplicado —lavado de activos por aportes de campaña— responde a una interpretación jurídica equivocada. Si se aceptaran tales cuestionamientos, el asilo otorgado a Nadine no resuelve esa controversia: la elude. En lugar de activar mecanismos supranacionales de revisión o defensa, se optó por la vía política del salvoconducto veloz, debilitando así la institucionalidad del sistema interamericano.

Este comportamiento institucional refleja una forma de sycophancy, que es decir o hacer lo que otro quiere oír para complacerlo, incluso si eso implica ignorar la verdad, el sentido crítico o la ética. Es como adular al poderoso para no contradecirlo, aunque esté equivocado. La política exterior ha actuado como un sistema que no cuestiona, solo consiente. Como en los modelos de inteligencia artificial que validan los errores del usuario por agradar, nuestro aparato diplomático no ha ejercido un juicio crítico para el caso.

Las reacciones desde Brasil tampoco son alentadoras. Congresistas, medios como O Globo, Transparencia Internacional y hasta miembros del propio gabinete han cuestionado el asilo a Nadine. El uso de un avión militar para evacuarla y la falta de debate interno solo agravan la percepción de que el gobierno de Lula protege a sus aliados, incluso cuando la justicia los ha sentenciado. 

¿Qué hacer? En primer lugar, el Congreso peruano debe legislar para que la prescripción penal se suspenda durante el tiempo en que un sentenciado se encuentre asilado en el extranjero. Además, se requiere un protocolo riguroso para evaluar salvoconductos en casos judiciales, con revisión jurídica independiente y mecanismos de objeción internacional. Urge mostrar firmeza dejando claro que el Perú rechaza cualquier forma de complicidad y que no será parte del “club de la impunidad latinoamericana”. No basta con tener leyes, hay que tener el coraje de aplicarlas incluso cuando incomoden.

Este episodio nos deja lecciones urgentes. La justicia no puede ser negociable y ningún aliado regional vale más que la soberanía legal del país. Si el asilo diplomático se convierte en refugio de personas condenadas por corrupción —aunque sus procesos no estén concluidos— estaremos legitimando la fuga con respaldo diplomático.