Acaben con esta novela

Reza el dicho: “para mis amigos todo y para mis enemigos la ley”. En el Perú esta frase parece describir lo que viene pasando desde que se inició el caso Odebrecht, en el que se suponía que a todos se les aplicaría la ley en la misma manera. Pero no ha sido así. El caso de Alan García es un claro ejemplo. Desde que se dictó el impedimento de salida del país para el expresidente, el Ministerio Público basó su tesis en que el pago de US$ 70,000 a García por una conferencia en Brasil era prueba de una presunta coima para el aprista a cambio del Metro de Lima, ejecutado en su segundo Gobierno.

No obstante, resulta que recientemente Marcos de Queiroz Grillo, exoperador de la División de Operaciones Estructuradas de la empresa brasileña, al ser interrogado por el fiscal Domingo Pérez ha terminado confirmando que la conferencia sí se produjo, y además que el pago no está vinculado a las acostumbradas coimas que repartía la empresa brasileña en los casos de otros investigados. Rafael Vela y Domingo Pérez no esperaban esto. Ellos viajaron pensando que el exoperador de Odebrecht les diga: “Alan pidió tanto de coima y le pagamos tanto”. ¡Les salió el tiro por la culata!

A pesar de todo esto, los fiscales pretenden convertir en delito la conferencia dada por Alan García. ¿Por qué los fiscales tienen como meta a Alan García? ¿Será que tienen la orden de destruir al Apra? Si ese es su propósito, deberían recordar que a Víctor Raúl Haya de la Torre trataron de destruirlo a lo largo de toda su vida, y nunca lo lograron.

Seamos claros. Un contrato simulado es un acto ficticio. En el caso de García, sí se dio la conferencia, se pagaron sus servicios y se declararon impuestos ante la SUNAT. Resulta ridículo pensar que Odebrecht montaría toda una conferencia, convocaría a más de diez exponentes internacionales, llenaría un auditorio con 300 personas ficticias, solo para pagarle US$ 70,000 a Alan García.

El caso de Alan García y esta sola conferencia, frente a los millones en coimas cobrados por otros políticos, tiene una cobertura mediática enorme. ¿Alguien se atrevería a poner a Pepe Graña todos los días en sus portadas y comentarlo en sus noticieros? En el Perú se está aplicando la ley del embudo. Y basta con un rápido ejercicio para comprobarlo. Solo preguntémonos: ¿qué pasaría si alguien tuviera una empresa de construcción, además fuera representante legal de Graña y Montero, y luego (siendo ministro de Transportes), le otorgara millones de soles en obras a una constructora integrante del “Club de la construcción” y de la que se dice que habría aportado a una campaña presidencial (de la cual fue además jefe)? Si ese exministro se llamara Alan García, ya lo hubieran colgado públicamente.

Vistas así las cosas, toda esta campaña del “año contra la corrupción” está resultando un tremendo barajo. Es un crimen que mientras la anemia sube se gasten millones en remodelar una cocina; es un crimen que mientras la pobreza crece, se gasten millones en publicidad estatal; es un crimen que mientras la bancada del gobierno sigue tratando de conocerse y fijar una agenda, el Perú es superado por Chile y Costa Rica en el ranking de los países más atractivos para negocios. Terminen ya con esta novela. No encontraron nada y punto.