La globalización ideológica y la OEA y la CIDH

La decisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de intervenir abiertamente en el proceso de vacancia que, de acuerdo a la Constitución de 1993, se desarrolla en el Perú, podría marcar un antes y después en las relaciones del Perú con el sistema interamericano. 

Para nadie es un secreto que la OEA, la CIDH y otras entidades multilaterales son controladas por la izquierda progresista. La novedad es que el control de estas entidades –antes se guardaban las formas y los procedimientos– hoy se está convirtiendo en parte de las guerras ideológicas que se desarrollan en la región.

Antes de continuar, vale anotar por qué es necesario hablar de progresismo, a diferencia del tradicional comunista de la región. El progresista suele proclamar su respeto al sistema republicano, mientras desarrolla todos los relatos que encumbraron a Gabriel Boric en Chile y a Pedro Castillo en Perú. El progresista puede renegar de Marx y Lenin, sin embargo, se declara discípulo de Foucault, Derrida, Lyotard y todos los posmodernismos que destruyen a la sociedad occidental. El progresista no es comunista, no es marxista, sino un “académico” que crea cultura y actúa en los márgenes de la ciencia.

Bueno, ese progresista controla la CIDH y la OEA y, por lo tanto, es más difícil y complicado de combatir ideológicamente. El progresismo en nombre del equilibrio de poderes y el respeto al Pacto de San José podría salvar de la vacancia a Pedro Castillo y también podría interpretar –con “sistemas de control”-- que Fujimori fue condenado por lesa humanidad no obstante que, cuando sucedieron los hechos trágicos, el sistema legislativo del país no había incorporado ese tipo penal.

El progresista no solo pretende que Boric y Castillo lleguen al poder, sino que busca sistemas de gobiernos supranacionales. En el caso de América Latina la joya de la corona de este proyecto es el llamado Acuerdo de Escazú. Con este tratado que los países deben firmar sin reservas –el primero de ese tipo en la nueva etapa globalizadora–, los antimineros (que hoy queman minas, paralizan carreteras y bloquean la producción de cobre que reduce pobreza), serán considerados “defensores ambientales” con inmunidad espacial ante los fueros.

Cualquier anticapitalista en minería, petróleo, gas, agroexportación y construcción, podrá desarrollar “una acción directa” en defensa de los DD.HH. ambientales y, según el Acuerdo de Escazú, en el acto el problema se convierte en uno de derechos humanos y escapa a la jurisdicción nacional. Los ensayos de la OEA y la CIDH con respecto al proceso de vacancia, entonces, solo representan la punta del iceberg del proyecto progresista.

Sin embargo, la resistencia nacional de la mayoría de la sociedad peruana en contra de una asamblea constituyente en el Perú y la lucha contra las nacionalizaciones y para preservar las libertades en general, inevitablemente, llevarán a una colisión al proyecto de la construcción del Perú, de nuestra peruanidad, con este sistema de globalización ideológica del progresismo.

Finalmente, vale precisar que, progresismo más o progresismo menos, el progresista solo conquista la cultura y prepara la llegada del colectivismo, del comunismo sin envolturas. Lo vemos en Chile y Perú.