Liderazgo para conducir el Perú

Un país mejor depende de la calidad de sus líderes, de la visión que puedan transmitir a los ciudadanos para que los sigan y conduzcan a un estadío más desafiante y prometedor. Cuando se propone el desarrollo de una nación se trata del bienestar de sus ciudadanos del presente y del futuro, y ello implica que la generación actual debe incrementar sus volúmenes de producción, así como sus niveles de productividad. Lo primero genera mayores bienes para disfrutar e intercambiar; y lo segundo, obtener resultados cada vez mejores con similares recursos disponibles.

El Perú lo tiene todo: un territorio generoso y una riqueza cultural inigualable. No obstante, su población tiene un enorme problema para otear el horizonte y ver por donde discurrirá el tren de la historia. En las últimas dos décadas, hubo quienes quedaron cautivados con el discurso del socialismo del siglo XXI; sin embargo, la realidad muestra que tienen a su líder capturado y detenido en una prisión norteamericana. El marketing político del madurismo que se presentaba envalentonado, desafiante no es más que un remedo del fracaso.

Un camino similar es el que siguieron los pueblos de la Argentina, Bolivia, Chile y Ecuador. Estados hipertrofiados que se convirtieron en un lastre para sus ciudadanos. No los servían y, por el contrario, trabajaban para que sus respectivas burocracias doradas disfruten de beneficios de los que los demás carecían. Pero como bien dice el dicho: “alguien debe pagar la fiesta”. Estas no pueden ser eternas porque resultan insostenibles.

Al Perú de hoy le ocurre algo similar, su burocracia se ha multiplicado, así como su presupuesto; sin embargo, esos enormes ingresos fiscales no se han reflejado en una mejora en la calidad del servicio hacia el ciudadano. Por eso la indignación que inclina a algunos a optar por el voto nulo, viciado, en blanco o ausentarse.

Ninguna de esas opciones es valedera, ni las izquierdas, ni la irresponsabilidad, porque los problemas sociales seguirán presentes y se acentuarán si carecen de decisión política o si, en el peor escenario, son representantes políticos de economías ilegales como la inseguridad ciudadana, la minería ilegal, la trata de personas, la tala ilegal y el narcotráfico. 

A quien entreguemos nuestro poder de decisión se le pedirá resultados inmediatos frente a la delincuencia y no discursos vacíos que acrecienten la decepción de los ciudadanos. Si no se actúa rápido y con firmeza, desde la presidencia de la república, el resultado será el desgaste prematuro del gobernante y la reiteración de las sucesivas crisis políticas que enfrenta el país desde hace 10 años. 

Por el contrario, si el gobernante actúa con firmeza, habrá una respuesta de las bandas criminales; pero, al final caerán como ha sucedido en El Salvador o como ya ocurrió en el Perú cuando la decisión política se impuso frente a la violencia terrorista.

En la actualidad, el Perú dispone de recursos económicos y podrá acceder a muchos más si recupera la seguridad ciudadana, racionaliza el aparato del estado y toma decisiones ágiles. Recientemente, hemos visto como Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, ha demostrado la operatividad de los trenes y ferrocarriles donados por los Estados Unidos; pero es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el que debe autorizar su funcionamiento. De paso, nos informa que desea que el servicio ferrocarrilero cumpla con estándares más exigentes que su simple puesta en marcha. Se habrá preguntado el ministro del sector si los ciudadanos de Lima Este disfrutan de un servicio de transporte en combi con estándares más altos de lo que les ofrece el tren.

Un gobernante ejecutivo no soslaya las exigencias normativas, pero sí coloca en una balanza que es lo más conveniente en cada ocasión y cuando resulta oportuna una exigencia. Algo similar se puede establecer con la minería. Existe consenso que se debe reforzar las actividades formales, sin embargo, los requisitos de ingreso son tan complejos que en la práctica resultan en un impedimento y, en paralelo, dejan en libertad a la minería ilegal para que ocupe áreas concesionadas.

Combatir la ilegalidad va más allá de la represión, implica trazabilidad de los insumos y productos que emplean y comercializan; y, también, capacidad para competir legítimamente en favor de la población ubicada en el entorno a un proyecto minero. Pero, para competir se requiere estar presente físicamente y ello demanda seguridad y programar la presentación de requisitos técnicos con posterioridad al asentamiento minero formal.

Sin embargo, lo señalado demanda un gobierno que confíe en las capacidades del sector privado para invertir y generar riqueza porque sólo de esa manera habrá más empleo y se acabará con la pobreza. 

El aumento de la producción, el fortalecimiento de capacidades de la fuerza laboral impacta favorablemente en la mejora de la productividad y es así como avanza un país.

Elijamos bien y mejor. No nos dejemos arrastrar por el guion mediático que solo busca preservar sus intereses.