¿Se viene la colisión final?

El presidente Vizcarra acaba de lanzar un sablazo al Congreso porque no le gusta cómo avanzan las cosas en la reforma política. No se entiende por qué lo dijo. Todos tenemos gustos, pero los jefes de Estado actúan de acuerdo a facultades constitucionales, y Vizcarra no tiene una sola facultad para presionar al Legislativo para que actúe de determinada manera.

Unos días atrás, IDL-Reporteros logró una segunda inhibición en la Sala de Casación encargada de ver el caso de Keiko Fujimori, y por segunda vez se aplazó la revisión del caso. En otro escenario, la Fiscalía dejaba en claro que las cosas iban en serio: nombró un equipo especial para ver el caso de los Cuellos Blancos, un verdadero muñeco donde se mezcla el crimen organizado del Callao con el tráfico de influencias de magistrados de todos los sectores. Y los fiscales Lava Jato, para curarse en salud por el escándalo del Gasoducto, allanaron la casa de los Humala y de algunos abogados. El circo de la justicia, pues, continúa con el show y, de una u otra manera, todas las variables de judicialización de la oposición y persecución política siguen vigentes a dos semanas del cierre de la Legislatura.

¿Qué puede significar este escenario desde el punto de vista del análisis? O que prosigue la estrategia del atarante o que, en definitiva, avanzamos a un cierre del Legislativo. La estrategia del atarante significa algo más o menos así: Vizcarra dice “te cierro si no apruebas la ley o la reforma de esta manera”, y los atribulados congresistas —ya sea desmoralizados, presionados o amedrentados— retroceden a tontas y locas. La otra posibilidad es cerrar el Congreso, pero Vizcarra se convertiría en dictador y la única forma que tendría para ganar tiempo y perpetuarse en el poder sería convocar a una constituyente. No parece haber otra posibilidad. Cerrar el Congreso con una interpretación auténtica de la Constitución y convocar elecciones en cuatro meses lo dejaría como único responsable del desastre económico y social. El Perú está parado y en menos de un mes podría enfrentar una convulsión social.

De alguna manera, pues, la disyuntiva del atarante o del cierre está llegando a su fin por la propia lógica de los calendarios. El escenario del atarante también implica aterrar a los congresistas para que no se atrevan a elegir una mesa directiva opositora. Quizá todo tenga que ver con ese tipo de presión. Sin embargo, la continuidad de la carcelería abusiva en contra de Keiko Fujimori puede haber gatillado los desenlaces. Después de varios meses, Fuerza Popular parece comprender que el encierro de la lideresa fujimorista no tiene que ver con asuntos procesales, sino que es parte de una guerra política para controlar las instituciones. 

La denuncia fuerzapopularista acerca de que Keiko es una presa política ante los organismos internacionales es el primer intento de gestar una respuesta opositora a la moledora mediática que avanzó en solitario, sin respuesta para judicializar y encerrar a Keiko con verdaderas leguleyadas procesales y legales. Hoy, por primera vez, puede surgir un centro político con respecto a esta envilecedora judicialización de la política, un sector que reclame la vigencia de la Constitución, la ley y el respeto al debido proceso.

Nuestra primera aproximación es que Vizcarra seguirá con el atarante. El Perú no es Venezuela ni Bolivia. En nuestro país los personajes que rompen la constitucionalidad son perseguidos, encarcelados y, generalmente, mueren en prisión. A nadie le gusta ese final.